España ha estado siempre vinculada al mar como Estado mixto, peninsular e insular, presente en dos continentes y con unos 8.000 kilómetros de litoral. La importancia del mar para el país se desprende sobre todo de la actividad económica, porque es fuente de recursos pesqueros y minerales de indudable interés, pero también por su valor estratégico. En este último sentido, España preside uno de los estrechos internacionales de mayor tráfico marítimo en el mundo, el de Gibraltar.

La delimitación de los espacios marítimos, la pesca, la navegación y sus limitaciones, la protección de patrimonio subacuático y el arreglo de las controversias que estas cuestiones provocan constituyen las tareas prioritarias en las que se centra el grupo de investigación dirigido por el catedrático Rafael Casado, en el que participan los profesores Manuel Hinojo Rojas, Eva Mª Vázquez Gómez, Miguel García García-Revillo, Carlos Espaliú Berdud, Miguel Agudo Zamora, Joaquín Alcaide Fernández y Eloy Ruiloba García, de las universidades de Córdoba, Sevilla y Málaga. La finalidad principal de su proyecto de excelencia es completar, actualizar y ampliar el estudio del Derecho Internacional del Mar, un ordenamiento en continua revisión que este grupo de investigación realiza desde hace más de diez años.

La delimitación de los espacios marítimos se realiza normalmente mediante el acuerdo de los Estados ribereños implicados, pero también recurriendo a tribunales internacionales, judiciales o arbitrales. En este sentido, Rafael Casado destaca: “Existen los conflictos porque los Estados intentan que los recursos minerales y biológicos estén bajo su soberanía, que en muchas ocasiones no está claramente delimitada en el mar”. En el proyecto, los investigadores abordarán la delimitación de los espacios marítimos (mar territorial, zona económica exclusiva, ZEE, o zona de pesca y plataforma continental) con los Estados vecinos. Las delimitaciones pendientes entre España y Marruecos, entre España y Portugal y entre España y Argelia, que afectan directamente a Andalucía, serán algunas de las principales a estudio.

Del mismo modo, el equipo de Rafael Casado analizará las repercusiones pesqueras y ambientales de las zonas de protección pesquera (y ecológica) creadas en el Mediterráneo. Los juristas se plantean estas nuevas zonas como un fenómeno único en el mundo, ya que acotan en parte los derechos y las obligaciones que el Derecho del Mar reconoce a todo Estado ribereño en concepto de zona económica exclusiva (ZEE).

Política y jurisprudencia internacionales

La política comunitaria de la pesca y sus repercusiones para Andalucía se propone, asimismo, como un área novedosa por la conflictiva delimitación de competencias entre la Comunidad Europea y sus estados miembros. En esta línea, los acuerdos de pesca alcanzados por la UE con terceros estados (como el vigente con Marruecos, que cubre aguas del Sahara occidental), la adaptación en el derecho interno de las normas de conservación y gestión de los recursos pesqueros dictadas en Bruselas o el control cada día más riguroso de las actividades pesqueras son algunas de las normas comunitarias que afectan más directamente a los estados. Del mismo modo, el equipo estudia el relevo que la UE ha tomado en la participación en los organismos internacionales de pesquerías, que afectan principalmente al alta mar, donde antes se integraban los Estados comunitarios de forma particular.

Además de esto, el grupo coordinado por Rafael Casado abordará con especial interés la sistematización de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, del Tribunal Internacional de Derecho del Mar y de los tribunales arbitrales internacionales. Así, las normas dictadas por estos organismos son trascendentes para las prácticas de los estados, y Rafael Casado indica que, por ejemplo, en materia de delimitación, “la jurisprución de los espacios marítimos para que conduzca a un resultado equitativo, que es a lo que obliga el Derecho internacional”.

Una de las áreas más llamativas del estudio será la protección del patrimonio subacuático como herencia cultural. En efecto, el Centro de Arqueología Subacuática ha constatado la existencia de 79 yacimientos arqueológicos en las aguas de la Comunidad de Andalucía y estima posible la existencia de otros 168, por lo que este equipo estudiará la legislación autonómica andaluza partiendo de la Convención de la UNESCO sobre la protección del patrimonio cultural subacuático y de la legislación estatal española.

P.C. ( De Andalucia Investiga)